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Sabado 29 de Marzo, 2024
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Defensoría identificó once conflictos sociales en 7 regiones durante el mes de Noviembre

Pobladores de Challhuahuacho reclaman a la empresa Las Bambas que entregue a Apurímac el canon minero.



La defensora del pueblo en su reporte de Conflictos Sociales Nº 201, informó que 11 nuevos conflictos se produjeron en el mes de noviembre.

Cinco son de tipo socioambiental. En Áncash, la Municipalidad Distrital de Huallanca y la población exigen a la Compañía Minera Santa Luisa la ejecución de un proyecto de mejoramiento de energía eléctrica a través de obras por impuestos.
Asimismo en Caravelí, Arequipa, mineros informales tienen diferencias con la empresa Intigold Mining.

En La Libertad, se registraron dos conflictos. En el primero, los del caserío de Shiracmaca denuncian que la minera Summa Gold afecta sus redes de agua potable. En el segundo, la Central Única de Rondas Campesinas del distrito de Santa Cruz rechazan la exploración minera en el proyecto Supaypacha de la empresa Fresnillo Perú.

Por otro lado en Pasco, la comunidad campesina de Smelter sostiene que la Sociedad Minera El Brocal no cumple con sus compromisos.

La Defensoría también identificó tres conflictos de tipo comunal. Ocurren en Ayacucho entre las comunidades de Santa Rosa de Huancapuquio y Pomacocha; en Cusco, involucra a las comunidades de Cancahuani y Yanque Lacca Lacca; y en San Martín entre la comunidad nativa Kichwa Anak Kurutuyacu y los caseríos del distrito de Huimbayoc.

Por otro lado, en Huánuco, las organizaciones agropecuarias, comunales y barriales demandan al gobierno regional que declare en situación de emergencia el sector agropecuario.

A estos conflictos se agregan dos por asuntos de gobierno nacional relacionados con los trabajadores temporales de las empresas agroexportadoras de Ica y La Libertad; y la demanda en Cusco por disminución de tarifas del transporte ferroviario.

En tanto, el 27° Informe del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú precisa que durante la pandemia se ha pretendido reactivar proyectos mineros como en Tambogrande, donde la población rechaza a la empresa Río Blanco.

También indicaron que la crisis sanitaria ha expuesto desigualdades profundas que han sido palpadas ya no solo por la población rural sino también por los habitantes de las ciudades.

Intervinieron como panelistas la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez; la exparlamentaria Marisa Glave y la abogada de Cooperacción Ana Leyva. Manifestaron que cayeron mitos sobre la gran minería y la agroexportación como las actividades que sostienen la economía del país.

Imagen Referencial: Internet