Lunes 01 de Septiembre, 2025
En una reunión clave entre representantes de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar, solicitó que se declare el estado de emergencia ambiental en esta provincia amazónica, debido a los graves impactos de la minería ilegal.
Pulgar advirtió que esta actividad está provocando deforestación, contaminación de ríos y representa una amenaza directa para la seguridad de las comunidades locales. Su pedido fue respaldado por autoridades municipales de Puerto Inca, Leoncio Prado y el distrito de Yuyapichis, quienes coincidieron en la urgencia de una interdicción inmediata.
Durante el encuentro, líderes comunales como el representante de Feconapia denunciaron que la minería mecanizada está deteriorando la calidad del agua y destruyendo extensas áreas de bosque, afectando la salud y economía de las familias. Entre las principales demandas figuran la instalación de casetas de control en puntos estratégicos, el uso de imágenes satelitales para el monitoreo ambiental y una mayor presencia del Estado en zonas críticas.
El alcalde de Leoncio Prado, Marx Fuentes Reynoso, también se pronunció en contra de las autorizaciones otorgadas por el Gobierno Central para exploraciones mineras en zonas de alto valor ecológico. Señaló que estas decisiones ponen en riesgo las cabeceras de agua y anunció que su provincia trabaja en una declaratoria como zona turística, agrícola y ecológica. “No vamos a aceptar la incursión minera en nuestro territorio”, afirmó.
La reunión concluyó con el compromiso del alcalde de Puerto Inca, Carlos Cruzado, de enviar un documento formal a la PCM, detallando la problemática y las demandas recogidas. La decisión final queda ahora en manos del Ejecutivo, que deberá evaluar la declaratoria de emergencia ambiental y coordinar acciones inmediatas para enfrentar esta amenaza a la Amazonía huanuqueña.
El evento fue organizado por la Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Huánuco y contó con la participación del Alto Comisionado para el Combate a la Minería Ilegal, autoridades locales, regionales y representantes de comunidades nativas afectadas.
Fuente: Rumbo minero
