Minería ilegal en la Cordillera del Cóndor continúa pese a la presencia de policías y militares

La Policía Nacional y el Ejército ejecutaron una operación de supervisión el pasado 4 de marzo contra la minería ilegal cerca del puesto de vigilancia Tambo, en la Cordillera del Cóndor, distrito de El Cenepa. Un ámbito que desde décadas atrás ha registrado la presencia constante de extractores de oro, principalmente ecuatorianos.

Los agentes hallaron socavones que habían sido reabiertos luego de que, en octubre del 2019 quedaran clausurados durante una interdicción ordenada por el Gobierno. En aquella ocasión, campamentos y una vía que conectaba las zonas de excavación en suelo peruano con La Herradura, localidad ecuatoriana más próxima a la línea de frontera, también fueron destruidos.

En la operación que se realizó en el mes de marzo se evidencio que la actividad ilegal no había desaparecido del todo pese a que policías, militares y fiscales quedaron instalados en el puesto para controlar las incursiones de los mineros.

El fiscal provincial adjunto especializado en Materia Ambiental de Ucayali, Berli Rodríguez, dijo que 30 socavones habían sido inhabilitados entre la interdicción de octubre y el operativo de marzo. Las autoridades tenían previstas otras intervenciones similares, pero entonces empezó la propagación del COVID-19 en el Perú.

Asimismo se señaló que durante la pandemia, los mineros ilegales han ido ganando terreno. Para el abogado especializado en materia ambiental César Ipenza, una evidencia de que el problema de la minería ilegal en la frontera sigue pendiente de resolver es la continua ampliación del mandato para la intervención de las Fuerzas Armadas en esa zona. La prórroga más reciente fue emitida la semana pasada.

Por su parte, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, comunicó que se trata de “informaciones malintencionadas” debido a que no se permite el acceso de ninguna persona para realizar minería ilegal en la zona. La institución hizo hincapié en que tales denuncias ya han sido investigadas. “Las comunidades nativas manejan un doble discurso: por un lado se quejan de los ilícitos, y de otro, están participando en estos por dádivas económicas”, se lee en el documento enviado.

Además, el CCFFAA detalló que los patrullajes en la línea de frontera se han intensificado, que siguen las interdicciones en las vías de acceso y los bloqueos de socavones manipulados después de las intervenciones. Sin embargo, remarcó la necesidad de implementar al personal con armas no letales, así como de la presencia permanente de un fiscal en el puesto Tambo, pues desde setiembre no se ha realizado el relevo del que había. “Falta la autoridad competente para solucionar los problemas sociales, culturales y de tránsito de personas”, apuntó la institución.

El jefe de la División de Inteligencia de la Policía de Medio Ambiente, coronel PNP Luis Guillén, señala que uno de los grandes obstáculos para la policía en la cordillera es la ausencia de condiciones mínimas para desarrollar una investigación luego de cada captura. Al tratarse de detenidos ecuatorianos, y ante la falta de una fiscalía en la zona, solo les queda entregarlos a la policía de su país. Pero el oficial sostiene que ahí la legislación es muy distinta. “Lo que observamos es que hay cierta impunidad”, explicó.

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